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Proclama revolucionaria del
Movimiento de Recuperación Nacional del General Valle
Las horas dolorosas que vive
la República, y el clamor angustioso de su pueblo, sometido a la más cruda y
despiadada tiranía, nos han decidido a tomar las armas para restablecer en
nuestra patria el imperio de la libertad y la justicia al amparo de la
Constitución y las leyes.
Como responsables de este
Movimiento de Recuperación Nacional, integrado por las Fuerzas Armadas y por
la inmensa mayoría del pueblo —del que provienen y al que sirven— declaramos
solemnemente que no
nos guía otro propósito que el de restablecer la soberanía popular, esencia
de nuestras instituciones democráticas,
y arrancar a la Nación del caos y la anarquía a que ha sido llevada por una
minoría despótica encaramada y sostenida por el terror y la violencia en el
poder.
Conscientes de nuestra
responsabilidad ante la historia, comprendemos que nuestra decisión es el
único camino que nos queda
para impedir el aniquilamiento
de la República en una lucha estéril y sangrienta entre hermanos,
cada día más inevitable e inminente. Deploramos que precisamente desde el
gobierno se haya cerrado sistemáticamente toda posibilidad de pacificar la
República y alcanzar la armonía entre los argentinos, en contraposición con
el sentido de responsabilidad, la tolerancia y la paciencia patriótica del
pueblo.
La Nación entera, y con ella
la tranquilidad, el bienestar y la dignidad de los argentinos han caído en
manos de hombres y de fuerzas que aceleradamente retrotraen a la patria a
épocas de sometimiento, de humillación y de vergüenza.
Su acción nefasta ha
desquiciado y lesionado profundamente el orden político, económico y social
de la República. Este Movimiento de Recuperación Nacional se lanza a la
acción revolucionaria con objetivos claros y un programa concreto
para restablecer la soberanía y
la justicia social y devolver al pueblo el pleno goce de su libertad y sus
derechos.
Declara objetivos
fundamentales de su acción:
En lo político
Han violado y desconocido el
imperio de la Constitución y de las leyes, sustituyéndolo por un llamado
"derecho de la Revolución", que no es otra cosa que el entronizamiento de
la arbitrariedad, sin más normas ni vallas que la omnímoda voluntad
de los que detentan el poder.
Se han avasallado así las
garantías y derechos individuales, sustituyéndose a instituciones y personas
de la jurisdicción de sus jueces naturales, sometiéndolos a tribunales y
comisiones especiales expresamente prohibidas por la Constitución.
Se ha perseguido, encarcelado
y confinado en verdaderos campos de concentración a miles de argentinos no
sometidos a proceso y privados del derecho a la defensa, por razones
ideológicas o políticas.
Por idénticas razones se ha
privado a miles de argentinos de derechos esenciales, como el acceso a los
empleos públicos y la participación activa en la vida cívica de la Nación,
sin que tan graves penas provengan de la decisión de la justicia y ni
siquiera del juzgamiento de la conducta de los inculpados.
Como consecuencia de esta
arbitrariedad discriminatoria, que divide a los argentinos en réprobos y
elegidos, se ha privado de sus empleos a miles de ciudadanos, sin tenerse en
cuenta ni su antigüedad, ni su idoneidad, ni su conducta. Se ha excluido de
la vida cívica del país a la fuerza mayoritaria con el pretexto de
inmoralidades y desviaciones en la conducta de algunos sus dirigentes;
verdadera aberración jurídica y moral que podría llevar a la exclusión de
todos los partidos, desde que todos padecen o padecieron en algún momento de
males similares.
Se ha fomentado y organizado
desde el gobierno la delación y el espionaje contra personas e
instituciones, inclusive contra las Fuerzas Armadas.
Se ha impedido la libertad de
prensa, uniformada al servicio del gobierno, interviniendo y entregando
arbitrariamente los diarios y revistas a sectores políticos minoritarios
adictos al mismo, clausurando los desafectos e impidiéndose la aparición de
nuevos órganos de opinión independiente.
Todo ello unido a la
monstruosidad totalitaria de un decreto-ley que bajo penas gravísimas
prohíbe a los ciudadanos hasta el uso o empleo individual de palabras,
fechas, símbolos, fotografías, nombres y expresiones que se proscriben,
configuran los hechos más salientes de un plan siniestro, destinado a ahogar
la libre expresión de la ciudadanía, y entronizar en el poder a minorías
antinacionales que en su hora enajenaron el patrimonio del país y traficaron
con el hambre y el dolor de los trabajadores argentinos.
Este desborde de la
arbitrariedad ha culminado con la abolición de la Constitución Nacional
vigente, sancionada por una Convención Reformadora libremente elegida por el
pueblo, con la participación de los mismos sectores políticos que apoyan a
la tiranía, Constitución que juraron acatar y defender los mismos que hoy la
vulneran y suprimen a espaldas del Pueblo y al margen de su libre voluntad
soberana, con el evidente propósito inconfesable de abolir
disposiciones como las del artículo 40, que impiden la entrega al
capitalismo internacional de los servicios públicos y las riquezas naturales
del país, juntamente con otras también fundamentales como las que
sancionan los derechos del trabajador y las que estatuyen la función
social de la economía y la riqueza.
Por un acto arbitrario y
despótico se reimplanta una Carta Fundamental ya superada por la realidad
política, económica y social de la República, al amparo de cuya imprevisión
y laxitud fue posible en otras épocas la entrega del país a las
fuerzas internacionales del capitalismo y el sometimiento, el hambre y la
humillación de nuestro pueblo.
Y para hacer más evidente la
burla a la ciudadanía y la prepotencia de la arbitrariedad, ni siquiera se
la reimplanta en todo su vigor como norma de convivencia o valla del poder,
sino "en tanto y en cuanto no se oponga a los fines de la Revolución", vale
decir, en cuanto no se oponga a la voluntad omnímoda e Incontrolada del
gobierno. Jamás, en toda la historia, gobierno alguno ha tenido el descaro
de hacer semejante profesión de tiranía y despotismo.
En lo económico
Se han tomado medidas
tendientes a quebrantar la industria nacional, depreciar la moneda, crear el
desaliento en la inversión de capitales útiles, elevar los precios
acentuando el desequilibrio entre éstos y los salarios, provocar sectores
importantes de desocupación, que llevarán por hambre a los obreros a
someterse a la voluntad del capitalismo.
Todo ello unido al
desprestigio internacional de nuestra economía por el propio gobierno, a la
acelerada contratación de empréstitos extranjeros y a la adopción de
determinados compromisos anteriores, constituyen etapas de un plan destinado
a retrotraer al país al más crudo coloniaje, mediante la entrega al
capitalismo internacional de los resortes fundamentales de su economía.
En lo social
Se han desconocido legítimas
conquistas de los trabajadores, se ha destruido la organización sindical
—base indispensable de la paz social y del progreso del país—, mediante la
intervención a la Central Obrera y a todos los sindicatos. Se ha perseguido,
encarcelado y confinado a miles de trabajadores, y se los ha privado
arbitrariamente del derecho elemental de intervenir activamente en la vida
de las organizaciones a que pertenecen.
En síntesis, desde el propio
gobierno se ha realizado una acción sistemática tendiente a destruir la
organización sindical y anarquizar a los trabajadores, acción que persigue
la finalidad inconfesable de debilitar el frente social para posibilitar el
camino del sometimiento del pueblo, y con él, del sometimiento de toda la
Nación.
En las Fuerzas Armadas
Se ha tratado en toda forma de
minar su unidad y su armonía y se han desquiciado sus cuadros con la baja o
retiro obligatorio de centenares de jefes, oficiales y suboficiales que
honraban a la institución por sus virtudes morales y su capacidad
profesional.
Al mismo tiempo se ha obligado
a muchos oficiales al desempeño de funciones civiles incompatibles con su
estado militar, creándose hacia la institución un lógico resentimiento y
desconfianza del pueblo, difícil de superar, y que es la semilla más
criminal que podía haberse sembrado para dividir y anarquizar a la Nación.
Esto es, en lo fundamental, el
panorama trágico de las horas difíciles que vive la República. La
proliferación de conflictos sindicales, los actos diarios de sabotaje en
todo el territorio del país y el continuo descubrimiento en toda la
República de planes subversivos o actos de insurrección, denunciados por el
propio gobierno, no son (como él pretende, para encubrir su responsabilidad
y engañar a la opinión) fruto de la acción aislada de personas
perturbadoras, sino síntoma del clima de opresión y subversión en que vive
la República y expresión evidente del espíritu indomable y de la decisión
del pueblo de reconquistar su libertad.
Tan grave estado de cosas
impulsa nuestra determinación y nos decide a recoger el clamor unánime del
pueblo, antes de que
la República desemboque en una lucha fratricida que terminará por
destrozarla.
El programa del Movimiento de Recuperación Nacional
I - En lo político
Restablecer el Estado de
derecho mediante la vigencia plena de la Constitución Nacional y el imperio
de la justicia en un ambiente de real libertad y pura democracia.
Consolidar la soberanía
popular mediante la realización de elecciones generales en todo el país en
un plazo no mayor de 180 días, con plenas garantías para todos los partidos
políticos en el proceso electoral y preelectoral, incluida la utilización
con iguales derechos de todos los medios de expresión y difusión.
Prescindencia absoluta del
gobierno en materia electoral y fiscalización de los comicios por las
Fuerzas Armadas.
Libertad efectiva y absoluta
de prensa para todos los sectores de la opinión.
Amnistía general y derogación
de todos los decretos y medidas discriminatorias dictados por razones
ideológicas o políticas. Libertad de todos los presos políticos y
sometimiento a la justicia competente de los que hubiesen cometido delitos
comunes.
Reincorporación de los
empleados y obreros eliminados arbitrariamente por razones ideológicas o
políticas.
Levantamiento de las
interdicciones a personas y empresas e intervención de la justicia en los
casos de violación de las leyes en vigor.
Rehabilitación de los partidos
políticos privados de personería v plena libertad para la formación de
nuevas fuerzas, dentro de las normas establecidas por la legislación
vigente.
II - En lo económico
Revisión de las medidas de
carácter económico y financiero que pudieran lesionar los intereses
nacionales.
Revisión de las medidas
económicas y financieras que afectan seriamente el desarrollo de las
actividades productivas.
Restablecimiento de la plena
ocupación y adopción de medidas para contener el alza del costo de la vida.
III - En lo social
Devolución del gobierno de los
sindicatos a los trabajadores y elección por los mismos de las autoridades
de la Central Obrera en un plazo de 45 días.
Libertad inmediata a todos los
dirigentes y obreros detenidos por razones políticas o gremiales.
Renovación de los convenios de
trabajo, de común acuerdo entre los trabajadores y empresarios, mediante los
procedimientos determinados por la legislación vigente al 20 de setiembre de
1955.
Derogación de los decretos y
medidas discriminatorias que impiden a miles de obreros su participación en
la vida de los organismos gremiales.
IV - En las Fuerzas Armadas
Reestructuración de las mismas
con vistas a las necesidades de la defensa nacional.
Reincorporación de jefes,
oficiales y suboficiales que poseyendo valores profesionales y morales hayan
sido dados de baja o retirados por razones políticas o ideológicas.
Mantenimiento de los actuales
cuadros con la única excepción que determinen los tribunales y organismos
competentes que establece la ley.
V - En el orden internacional
Respeto y cumplimiento de
todos los convenios, pactos y compromiso internacionales concertados por el
país dentro de las normas constitucionales y legales.
Suspensión de la ejecución de
aquellos compromisos contraídos en violación de tales normas, a fin de que
oportunamente sean considerados por las autoridades legalmente constituidas
por los órganos y procedimientos que estatuye la Constitución Nacional.
Sosteniendo tales principios y
comprometiendo ante el pueblo de la República el fiel y estricto
cumplimiento de los objetivos señalados, el Movimiento de Recuperación
Nacional toma las armas, en defensa de la patria, decidido a pacificar la
nación por el camino de la verdadera libertad, en el respeto de la
Constitución y la Ley.
No hacemos cuestión de
banderías porque luchamos por la patria que es de todos. No nos mueve el
interés de ningún hombre ni de ningún partido.
Por ello, sin odios ni
rencores, sin deseos de venganza ni discriminaciones entre hermanos,
llamamos a la lucha a todos los argentinos que con limpieza de conducta y
pureza de intenciones, por encima de las diferencias circunstanciales de
grupos o partidos, quieren y defienden lo que no puede dejar de querer y
defender un argentino:
la felicidad del pueblo y la
grandeza de la Patria, en una nación socialmente justa, económicamente libre
y políticamente soberana.
¡Viva la patria!
Buenos Aires, 9 de junio de
1956
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